El diputado Borelli anticipó que el fiscal Cazón dijo, en alusión al caso de la niña wichi:“Si nos vamos a poner a hacer pruebas de embarazo ante cada violación no terminamos más”. Este fiscal, que enseguida salió a desmentir esas palabras ya generaron repudio, se autodefine como “el que más detiene por violencia de género en toda la provincia”. 

En comunicación telefónica con Radio Aries, el fiscal aseguró que la niña "un mes antes estuvo embarazada. Ninguna de las ocho personas sería el padre, porque las fechas no dan”, remarcó Cazón expresando luego que, "no quiero que quede la responsabilidad en un medico”.

Cazón insiste con realizar un test de embarazo para conocer la verdad sobre el caso y volvió a sostener que "el embarazo no estaba informado".

"El abuso existió y la niña lo detallo en Camara gesell", comentó en referencia a la testigo amiga de la víctima. Luego argumentó: "Lo único que queda pendiente es la declaración de la víctima. Tengo la certeza de que la chica puede perfectamente decir lo que paso, de hecho lo hizo. La interprete me dijo que se acuerda hasta un punto lo que paso". 

Esta niña wichi de 12 años que no habla español y nunca fue a la escuela, fue violada hace dos años por ocho hombres que no eran parte de su comunidad y está en la lupa de los medios ya que su situación dejó expuesto un sistema estatal erróneo y fallido. Como otros dos de sus hermanos, sufre una discapacidad mental de la que no se tienen muchas precisiones, salvo que le genera convulsiones.

La niña estuvo internada en el Hospital Público Materno Infantil de la capital provincial para una intervención que interrumpió su embarazo de seis meses. Antes descubrieron que el feto era anencefálico y que no había posibilidades de sobreviva.

Una amiga habló y contó los hechos de aquella horrorosa mañana en la que no pudo evitar la violación de una de sus amigas más chicas. Durante la testimonial, que siguieron desde una dependencia contigua a la cámara Gesell varios defensores, el fiscal penal norteño, Armando Cazón, y otros funcionarios del Ministerio Público, la niña de 14 identificó a los ocho acusados, con sus nombres, como partícipes del ataque.

Tres de ellos tienen menos de 18, por lo que su situación es atendida por un juzgado de menores. Este caso dejó expuestas fallas sistémicas de abordaje e incumplimientos de deberes que atraviesan a distintos organismos y poderes del Estado, porque la nena sobrellevó un embarazo crítico sin mínimas asistencias durante más de seis meses.

Así lo denunciaron el diputado Jesús Ramón Villa y el cacique wichi de Alto La Sierra, Asencio Pérez. Mientras tanto se esperan los resultados del examen de ADN que confirmará si existe algún vínculo entre los imputados y la beba que nació muerta. 

El juez de Garantías 2 de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, ordenó el apresamiento de uno de los acusados, Jorge Salas, por desobedecer la medida que lo obligaba a comparecer periódicamente en el destacamento policial de Alto La Sierra mientras dure el proceso.

El fiscal de la causa, Armando Cazón, había solicitado la detención de los cinco encausados mayores de edad, pero el juez resolvió mantener excarcelados a Omar Arias (19), Javier Mansilla (19, Sebastián Salvatierra (19) y Luis Lamas (22) porque cumplieron con la carga procesal impuesta el 4 de marzo, cuando todos recuperaron la libertad, tras permanecer detenidos durante tres meses.

Sus defensores habían reclamado las excarcelaciones luego de que se comprobara que el informe incriminatorio había sido firmado por el gerente del hospital de Alto La Sierra, que es un bioquímico, porque el médico contratado en ese nosocomio, oriundo de Bolivia, no tenía revalidado su título.