Los imputados hasta el momento son Gustavo Posse, el secretario de Gobierno del Municipio de San Isidro, Héctor Prassel y empresarios contratistas, entre otros. La causa está a cargo del juzgado federal 2 porteño, cuyo titular es el juez Sebastián Ramos.

La justicia solicitó un peritaje en los barrios  "La Cava", "Boulogne" y "Uruguay" para establecer si se cumplió con el Plan Federal con fondos aportados por la Nación. A San Isidro se destinó el 30 por ciento del presupuesto total del Plan.

Además, requirió que se cite como testigo al ex Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino y a la concejal de San Isidro Marcela Durrieu, autora de la denuncia presentada en los tribunales federales de Retiro.

La fiscalía pidió determinar si se hicieron las obras, en que fechas y si hubo "algún perjuicio económico" para el Estado Nacional. Además  Durrieu sostuvo que no se edificaron todas las viviendas pactadas y que muchas familias fueron llevadas a "viviendas transitorias" desde que en 2005 se presentó el programa de "Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios" para la provincia de Buenos Aires.

Entre las empresas mencionadas en la denuncia están Constructora Pilar SRL; Construcciones Ecológicas SA, Syrah Global e Ineco SA.