Luego de que el Gobierno diera de baja miles de pensiones no contributivas por discapacidad, la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES) requirió a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que le informe sobre esa decisión.

El requerimiento fue hecho por el titular de la UFISES, Gabriel De Vedia, en el marco de una "investigación preliminar" que abrió sobre el asunto, al tiempo que le reclama que "detalle la cantidad de prestaciones que fueron dadas de baja durante el transcurso del año 2017 y los criterios que motivaron tal decisión".

También solicitó "una nómina de la totalidad de los beneficiarios afectados, que además indique en cada caso el por qué se habilitó la suspensión de la prestación y las pruebas que se recabaron para sustentar tal decisión".

De Vedia reclamó que "se detalle el medio de notificación mediante el cual se puso en conocimiento del beneficiario la futura suspensión de la pensión y que se acompañen las constancias respectivas que acreditaran dicha notificación".

"Toda resolución administrativa debe respetar el procedimiento vigente. Ello implica, entre otras cuestiones, la obligación de notificar al beneficiario en forma previa a la suspensión de la pensión, para que pueda ejercer su derecho de defensa", dijo De Vedia.

También expuso que "lo que se busca con la apertura del legajo es identificar si en todos los casos se cumplió con el procedimiento vigente y se respetó la tutela administrativa efectiva contemplada en distintos instrumentos internacionales".

Al respecto, De Vedia señaló que "a los efectos de investigar la posible existencia de irregularidades en el trámite de baja de las pensiones, es necesario determinar cuáles fueron los criterios aplicados y si estos tienen sustento en la normativa aplicable o por el contrario fueron definidos a discreción del organismo".