Para el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, “así como Perón creó la justicia para el trabajador, Cristina está creando hoy una justicia del consumidor”.

En un completo informe de INFOJusticia, el secretario explicó cómo es en la actualidad el trato al consumidor. "Para un consumidor, hoy es muy difícil lograr la indemnización por incumplimientos o abusos de las grandes empresas prestadoras de servicios, o por la compra de bienes o productos defectuosos. Debe reclamar ante la empresa antes de poder acudir a la oficina de Defensa del Consumidor que depende del Ministerio de Economía. La instancia de conciliación no es obligatoria, y pocas veces las empresas asisten a las audiencias.

La indemnización que puede recibir es muy baja (de hasta 3 mil pesos, aproximadamente). Una vez que se tomó el reclamo, el consumidor queda fuera del proceso administrativo. Cuando el Estado impone sanciones, las empresas acuden a la justicia, las multas quedan en suspenso, y los castigos se pierden en la nebulosa de un proceso eterno en el fuero contencioso administrativo. Todo esto hace que se realicen pocos reclamos. Durante 2013, el Ministerio de Economía recabó estadísticas:

El informe detalla como "un derecho constitucional" la defensa de los consumidores, tal reza el el artículo 42 de la Constitución Nacional, incorporado con la reforma de 1994.

"La ley suprema reconoce el derecho de los usuarios y consumidores 'a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno'”, se detalla.

Y concluye: "La Constitución le atribuye al Estado la responsabilidad de garantizar 'la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados', y controlar 'los monopolios naturales y legales', junto a 'la calidad y eficiencia de los servicios públicos'. Además, dispone que 'la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos'”.