"Fuimos para hablar de la discriminación gravísima que hay en la Argentina desde que vino el kirchnerismo y que hay que solucionar", marcó Alberto Solanet, titular de la Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia, a El Destape.

Es la segunda vez que el ministro de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de Macri recibe a los que defienden el genocidio y el terrorismo de Estado en manos de los militares tras el Golpe del 76.

Recordemos que el primer encuentro de estas características, el ministro lo mantuvo nada más y nada menos con Cecilia Pando, una de las mayores defensoras de los delitos de lesa humanidad y quien suele justificar el plan sistemático de apropiación de niños.

En esta ocasión, marcaron que fueron a hablar "de los presos políticos" y pidieron que se conceda la prisión domiciliaria: "Pedimos que se cumplan con las garantías que la Constitución prevé para todos los habitantes de la República Argentina", dijo Alberto Solanet.

Fueron los jueves 12 y 19 de mayo pasados que llegaron a las oficinas de Sarmiento al 300, el vicepresidente de la asociación, Gerardo Palacio Hardi, y el hijo del gobernador bonaerense de facto durante 1976 y 1981, Ricardo Saint Jean. Ambos, para mantener encuentros amistosos con el funcionario macrista.

En la jornada de apertura, Saint Jean sostuvo que los represores procesados o condenaron eran "los judíos de la Alemania nazi, los cristianos en Irak, los parias de la democracia, los esclavos del socialismo del siglo 21".

Si apelamos a la memoria, podemos empezar con los varios y polémicos dichos del propio presidente con respecto a los Derechos Humanos y el Golpe del 76.

De hecho, Garavano fue cuestionado por haber borrado el archivo de Infojus Noticias (portal del Ministerio de Justicia) de más de 15 mil artículos web con respecto a este tema, pero gracias a reclamos sindicales y de organizaciones sociales, los tuvo que reponer.

Vale destacar, que Garavano fue director académico del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), que es una estructura creada en 1976 por Jaime Lamont Smart, ex ministro bonaerense durante la última dictadura y primer civil condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad.