Llegan las facturas de gas del invierno y el bolsillo de los ciudadanos siente el impacto de la decisión política del gobierno de Mauricio Macri de descargar todo el gasto de los servicios en los usuarios. Pero cómo se decidieron estas tarifas, en qué se basó el ministro de Energía, el ceócrata Juan José Aranguren. 

En ese marco, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) presentó ante la Justicia federal en un pedido de "declaración de certeza". Fue ante los abogados Mariano Lovelli y Pedro Sisti, quienes alegaron que les producen incerteza las decisiones de Aranguren, informó este martes el diario Pagina 12.

"Nosotros creemos que dos resoluciones del ministro (Aranguren) con los aumentos en el gas son inconstitucionales”, Lovelli al diario antes mencionado. "Entonces nos dirigimos a la Justicia y pedimos que eche luz en un sitio que a nuestro juicio produce oscuridad".

"Los argumentos utilizados para el aumento de tarifas no se sostienen lógicamente ni recogieron toda la riqueza vertida en las audiencias públicas que el ministro debió convocar después de que la Corte Suprema nos dio la razón con un fallo”, afirmó Lovelli. “Y encima esos argumentos fueron usados para fijar tarifas confiscatorias."

Si la Justicia coincide con la presentación del Cepis, podría declarar la inconstitucionalidad de los aumentos. La presentación es colectiva y sobre el final pide pericias y testimonios de ejecutivos de las empresas petroleras. 

El Cepis quiere saber “si resultan compatibles con nuestra normativa (o no), los diversos cuadros tarifarios establecidos por dicho ministerio, como resultante de la Revisión Tarifaria Integral, que fueran aprobados mediante Resoluciones 212/16 Y 74/17, por entender esta parte que, por un lado, no se cumplió en brindar la información adecuada y veraz establecida en el art. 42 de nuestra Constitución; por otro lado, entendemos que las actuales tarifas violan los preceptos de razonabilidad, justeza y accesibilidad, doctrina del Máximo Tribunal Nacional en el caso"

“Entendemos que el precio irrazonable establecido para el PIST causa que los usuarios vean afectados sus derechos humanos reconocidos constitucional y supraconstitucionalmente”, dice el texto.