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¿Son todos los presos iguales ante la ley?
Julia Mengolini // Viernes 03 de agosto de 2012 | 10:32| Tweet | Resaltar resumen  (25) Comentarios.Hacer un comentario  Enviar a un compañero/a  Imprimir nota  Agrandar Texto  Reducir Texto |
Los presos tienen derechos. La afirmación parece obvia pero no lo es tanto. En los últimos días hemos asistido a una operación de prensa llevada adelante por Clarín -con claras intenciones de mancillar al gobierno y sus políticas, aunque con mucho menos claro rumbo ya- en la que predomina un discurso altamente discriminador. Más allá de los detalles del caso y del hecho de que la información que se presentó es falsa y confusa, el corolario de las “denuncias” de Clarín es un cuestionamiento a políticas progresistas que tienden a la resocialización de los presos, a la humanización del trato y a atender sus derechos.
La efectividad de la operación fue tal muy posiblemente por la figura de Eduardo Vazquez, un “famoso” repudiado por la opinión pública con una condena muy reciente que ayuda a mantener fresco en la memoria colectiva lo que fue el horroroso crimen de su esposa, Wanda Taddei.
La situación concreta nos pone en un brete. Podemos estar de acuerdo con las políticas resocializadoras que lleva a cabo el Servicio Penitenciario junto con agrupaciones y ONGs, pero a la vez nos molesta que Taddei salga a divertirse por ahí. ¿Es que acaso todos los presos tienen los mismos derechos? Todos somos iguales ante la ley, eso es verdad, pero no todos somos iguales. La respuesta es peluda y peor se pone cuando un represor genocida se anota para estudiar una carrera universitaria.
Tres marinos de la ESMA (Juan Carlos Rolón, Adolfo Donda y Guillermo Suarez Mason) y Carlos Jurio, un médico acusado por violaciones a los Derechos humanos en la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata, quieren inscribirse en el Programa UBA XXII, de educación pública en contexto de encierro. Este último denunció ante el INADI a un profesor de sociología que se negó a darle clases. El Inadi consideró que la “objeción de conciencia” del profesor no era un acto discriminatorio pero que era una obligación de la Universidad garantizar al denunciante su derecho a la educación. El gran dilema –aceptar o no a represores en el Programa UBA XXII de educación superior en cárceles- está instalado en el seno de la Universidad y no parece ser de fácil resolución.
Las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales ya se manifestaron en contra de aceptar el ingreso de represores a la UBA pero la resolución institucional y final está pendiente y provendrá del Consejo Superior de la Universidad, que en tanto, conformó una comisión ad hoc para tratar el asunto integrada por seis profesores, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra (Facultad de Derecho); la diputada Adriana Puiggrós y José Schulman (Filosofía y Letras); Osvaldo Varela y Alfredo Sarmiento (Psicología). “Quienes aspiran a ingresar a la comunidad universitaria defienden públicamente una tesis negacionista de los delitos que han victimizado masivamente a miembros de la comunidad a la que pretenden incorporarse”, sostiene el informe que no es vinculante pero cuyas recomendaciones seguramente tendrán enorme peso a la hora de tomar decisiones definitivas.
Otros argumentos destacados del informe son los siguientes;
- “El respeto a las normas que rigen esta comunidad universitaria no se agota en el cumplimiento formal de sus pautas, sino que exige de quien aspira a incorporarse a ella que su conducta no sea destructiva o lesiva a la existencia misma de la comunidad”.
“La particularidad del caso es que quienes aspiran a incorporarse a su comunidad universitaria, en la actualidad y desde siempre, defienden públicamente la tesis de una pretendida inexistencia, legitimidad o justificación de esos delitos de los que fueran víctimas los propios miembros de su comunidad universitaria, es decir, una tesis negacionista de los delitos que han victimizado masivamente a miembros de la comunidad universitaria a la que pretenden incorporarse”.
“No pretende la UBA cuestionar las tácticas defensivas de estas personas en sus respectivos procesos penales, ámbito en el que se les debe garantizar la más amplia libertad de argumentación, pero ese mismo discurso, llevado al seno de la UBA, se vuelve disolvente del espíritu comunitario que debe animarla conforme a la tradición universitaria mundial de todos los tiempos”.
“En este sentido, la UBA debe aceptar incluso a quienes han victimizado cruelmente a integrantes de todos los estamentos de su comunidad, pero no puede permitir que éstos se incorporen a ella portando un discurso negacionista que pretenda legitimar esos delitos, porque inevitablemente esta conducta presente y actual –no pasada– sería fuente de interminables conflictos y desavenencias internas y acabaría lesionando o destruyendo las condiciones indispensables para la convivencia comunitaria, que es la esencia de su institucionalidad”.
“Por todo lo expuesto, quienes suscriben recomiendan no admitir a condenados y/o procesados por delitos de lesa humanidad como estudiantes de la Universidad de Buenos Aires”.
¿Hay que considerar todos estos argumentos o garantizarles el derecho a la educación así como les fueron garantizados todos sus derechos de defensa en juicio? Las víctimas junto con la sociedad, nos diferenciamos de los genocidas porque respetamos los derechos de todos, inclusive de ellos, los más atroces victimarios. ¿Es este el límite?
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Número de edición 1122 - Mes 06 - Año 4 |
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