Uno de los editorialistas estrella del diario La Nación insiste hoy sobre uno de los puntos que más le duele a la derecha y que más atravesado en la garganta tiene la dominación burguesa en la Argentina: la política oficial en materia de Derechos Humanos. En su columna titulada “Milani, el primer uniformado con un rol político desde 1983”, Joaquín Morales Solá, periodista tucumano sospechado de vinculaciones con el bussismo previo a su experiencia como partido Fuerza Republicana, vuelve a practicar el deporte nacional de la oposición: correr por izquierda al kirchnerismo.

Sobre los trabajos conjuntos del Ejército, las Madres, áreas de asistencia social del Estado, y la militancia social que hace su praxis política en los barrios pobres, dice Joaquín Morales Solá: “Desde ya, son perfectamente previsibles y justificables las tareas humanitarias del Ejército en situaciones de catástrofes o de tragedias provocadas por la naturaleza. No existe ahora ninguna de esas condiciones” en las villas y asentamientos sin cloacas, ni calles asfaltadas para que ingresen las ambulancias y los autobombas, sin conexiones seguras de luz, con hilitos de agua potable que salen de canillas compartidas, donde sobra todo lo que falta.

Se entiende: para la derecha que habla a través del centenario diario de las familias Mitre y Saguier, el Estado sólo debe intervenir ante lo imprevisible de la naturaleza, no ante las desventuras que provoca la acción del hombre a través de sus sistemas de (des)organización social. Limitarse a corregir los “excesos” provocados por el medioambiente, no las inequidades propias de quienes durante el neoliberalismo que duró 30 años, volvieron una tierra yerma al país.

Que el Estado, en este caso a través de los hombres del Ejército, aporte su capacidad operativa, sus ingenieros, su maquinaria, en definitiva: sus recursos, para resolver las injusticias que arrastra consigo el capitalismo, es, según Morales Solá, una vuelta atrás en la democracia.

Ni una palabra sobre la conducción política de las Fuerzas Armadas por parte de un gobierno que hizo de la memoria histórica, la verdad y la sanción judicial del genocidio, una consecuente política de Estado, que ya lleva 11 años de vigencia ininterrumpida.

Joaquín prefiere a los militares en el lugar y la función que históricamente desempeñaron, y que las clases dominantes les asignaron rigurosa y amargamente: complotar contra el pueblo, conspirar junto a empresarios, curas, jueces, comunicadores, sindicalistas, y violentar el sentido más profundo de la democracia: el de la igualdad en la tierra, entre los hombres, más allá de las desventuras a las que nos somete a veces la naturaleza.