En medio de la crisis que se vive entre el Gobierno central de España y el de Cataluña, este lunes la jueza española Carmen Lamela envió a prisión sin fianza a los líderes de organizaciones independentistas catalanas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, acusados por el delito de sedición vinculado al referéndum secesionista de este mes en Cataluña.

Sánchez pertenece a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Cuixart al Ómnium Cultural, y ambos son investigados por sedición, en relación con las protestas que tuvieron lugar en Barcelona ante un operativo contra el referéndum de secesión del 1ro de octubre pasado.

La pena va entre ocho y 15 años de cárcel, según la decisión de Lamela, quien respondió al pedido de la Fiscalía tras interrogar a los dos activistas por segunda vez en calidad de investigados y determinar que en las convocatorias realizadas por ambas entidades no se hizo un llamado a la manifestación pacífica.

En este sentido, la magistrada los acusa de "promover" el 20 de septiembre el asedio por el que varios agentes de la Guardia Civil (en calidad de policía judicial) permanecieron casi 24 horas encerrados en la Consejería de Economía catalana en un registro vinculado a los preparativos de la consulta ilegal. 

Sánchez y Cuixart, a los que la juez asigna el papel de "promotores y directores" de las concentraciones frente a la sede de la Consejería de Economía, son los únicos de los cuatro investigados por sedición en relación con ese asedio que ingresan en prisión, tras proponerlo la Fiscalía. 

“Todos estos hechos de carácter objetivo ponen de manifiesto (...) que la actuación de ambos investigados, apelando a la resistencia, estaba orientada a impedir la aplicación de la Ley y de las resoluciones", destaca el auto. 

Con ello, según la juez, pretendían "impulsar y asegurar la celebración del referéndum ilegal de independencia y con ello la proclamación de una República catalana, independiente de España, contraviniendo con ello la Constitución".