La polémica medida, que comenzará a implementarse en 2017, fue concebida como una especie de contrato entre el migrante y el Estado holandés en el que se obliga a los que buscan refugio en ese país a “respetar las normas y valores de la sociedad holandesa, en especial los principios democráticos de la separación entre Iglesia y Estado, y las libertades de credo y expresión”, como así también la equidad entre hombre y mujer. 

“A nadie se le pide que renuncie a su cultura y orígenes. Pero las normas establecidas son inviolables y la intimidación y la violencia obtendrán una respuesta firme", aclaró el rey Guillermo Alejandro, en la Sala de los Caballeros del antiguo Parlamento holandés. 

Además el documento subraya “la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley y la no discriminación por razones de raza, creencia o bien orientación sexual. Son valores que debe respetar y acatar cualquiera que pretenda vivir en nuestro país” al que calificó como "fuerte en un mundo inestable. Un lugar próspero y atractivo, con buenas infraestructuras y servicios y un sistema legal fuerte”.

Los partidos de la oposición, como los liberales de izquierda, los cristianodemócratas, los ecologistas, los socialistas radicales y el populista antimusulmán Geert Wilders lamentaron la decisión y le recriminaron al rey su discurso de "cuento de hadas". 

Fuente: El País