El Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra aceptó la denuncia del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien planteó un abuso de poder por parte de la justicia de Brasil en la Operación Lava Jato; mismo caso por el que fue destituida Dilma Rousseff. 

Lula remarcó la persecución política del juez Sérgio Moro y los fiscales que actúan en la investigación sobre su persona. Según informó el abogado del exmandatario, Cristiano Zanin Martins, el gobierno brasileño "deberá dar explicaciones" a la ONU.  

"La denuncia fue admitida y registrada. El comunicado del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU informa que el gobierno brasileño fue intimado a presentar informaciones u observaciones relevantes a la cuestión en el plazo de dos meses", señala el comunicado de la defensa de Lula que está siendo  juzgado en primera instancia por Moro. Se trata de una denuncia  por corrupción sobre la propiedad de un departamento en el balneario de Guarujá, en el estado de San Pablo.

La denuncia presentada por Lula el 28 de julio ante la ONU considera que Moro "lo privó de la libertad durante seis horas" y además le realizaron espionaje telefónico, como prueba una conversación del 16 de marzo con la presidenta de entonces, DIlma Rousseff, que el magistrado pasó a la TV Globo.

Según el abogado de Lula, "avanzamos un paso más en la protección de las garantías fundamentales del ex presidente. La ONU estará siguiendo formalmente las groseras violaciones que están siendo practicadas diariamente contra Lula en Brasil".

La Operación Lava Jato provocó también enfrentamientos entre el presidente del Senado, Renán Calheiros, y la jefa de la Corte Suprema, Carmen Lucia, debido a que el primero repudió a un juez de Brasilia por haber allanado el Senado para detener a cuatro agentes legislativos que hacían contrainteligencia ante escuchas telefónicas supuestamente autorizadas por la justicia.

Por otro lado, continúan las investigaciones sobre corrupción que también podrían salpicar al actual presidente Michel Temer. Según Folha de Sao Paulo, si Temer deja la presidencia el próximo año en caso de que se encuentran irregularidades en su campaña, el Congreso deberá elegir a un mandatario hasta el 31 de diciembre de 2018.