La estrategia electoral de Cambiemos ya está delineada en la Provincia de Buenos Aires. Con los logros económicos que no llegaron, la profundización de la pobreza y el desempleo en el conurbano, el camino elegido es presentar candidatos que, supuestamente, vienen a 'limpiar' la corrupción de la Provincia. Sin embargo, bajo la imagen de pureza que presentan los medios de mayor tirada, subyacen denuncias de todo tipo, incluso desde el propio macrismo, candidaturas armadas y un tendal de despidos a cuestas. 

Es el caso de Gladys González (44 años), segunda precandidata a senadora nacional, debajo de Esteban Bullrich. Es licenciada en Ciencia Política (UBA) con maestría en Política y Estrategia dictada en la Escuela de Guerra del Ministerio de Defensa,  y en La Nación la presentan como  "un símbolo de la lucha contra las mafias" una "figura rubia y de perfil combativo". 

Si bien tenía banca como diputada nacional por la Ciudad hasta 2017, no cumplió con su mandato porque desde el PRO la 'bajaron' a la Provincia para instalarse en lo que en ese momento era terreno virgen. Actualmente se desempeña como directora de Acumar, el ente controlador de la cuenca Riachuelo Matanza, y supo ser la inteventora del SOMU, el gremio de los marítimos, donde también está sospechada por manejos turbios. 

El primer escándalo de González, fue en 2006 por "tráfico de influencias" cuando manejaba el banco Ciudad. La revista Veintitrés denunció ese año que les ofreció pauta del banco a cambio de una entrevista favorable a Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de Gobierno porteño. 

Más tarde, la quisieron llevar a la Auditoría General de la Ciudad, pero fue impugnada en la Junta de Ética de la Legislatura por tener abierta una causa en el juzgado en lo Criminal y Correccional por, según informó Izquierda Diario, “malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En 2015, Macri le ordenó presentarse como candidata a intendenta de Avellaneda, donde fue derrotada por Jorge Ferraresi (FpV). En su momento, la decisión del ahora presidente de la Nación despertó una gran polémica porque González es oriunda de Bolívar y, según denunciaron desde la propia fuerza local, no vivía en el municipio de la zona sur desde hacía más de dos años, requisito básico para presentarse. Este hecho le valió una fuerte crítica del radicalismo e incluso con el sector que del PRO que comanda Daniel García. Pero eso no es todo. 

En 2016, González asumió como interventora del SOMU, y fue sospechada de haber ofrecido cargos a cambio de un diezmo. El propio García del PRO fue quien hizo la denuncia.

"He tomado conocimiento de que una diputada nacional e interventora del Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU), de nombre Gladys Ester González, ha propuesto la posibilidad de designar personas en cargos provinciales, los cuales deben imperativamente donar el diez por ciento de su salario a una fundación desconocida", indicó en su momento. 

Su llegada al SOMU también fue cuestionada porque, durante unos meses, habría cobrado dos sueldos: el que tenía por el Congreso, como diputada,  y el del sindicto por 59 mil pesos. En la misma denuncia se aseguró que destinó 90 mil pesos mensuales de la organización a sus asesores de comunicación.

Para terminar de subirle el perfil en el conurbano, González fue designada este año al frente de ACUMAR, el ente regulador de la contaminada cuenca Riachuelo Matanza. Además de ser cuestionada por no tener conocimiento en materia de medioambiente, el inicio de su gestión se centró en políticas de ajuste, es decir, despidos y mayor precarización laboral. 

En total hubo 59 empleados despedidos en marzo, algunos empleados de varios años en la entidad, y el objetivo final era reducir el personal de la Dirección de Salud Ambiental de 280 agentes a 140. 

“Nos encontramos con una presencia ejecutiva que vino a desguazar el organismo, por voluntad del poder central", dijo en su momento Carlos Coledrero, uno de los despedidos que ejercía en el área de Salud Ambiental de ACUMAR.