“En estos tiempos terribles de un gobierno terrible, que la lucha del pueblo de resultado es una inyección que fortalece a la resistencia”, evaluó Arturo Blatezky, presidente del colectivo Quilmes, Memoria, Verdad y Justicia, de la Comisión Provincial por la Memoria, que junto a sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado celebraron la promulgación de la Ley que transformará lo que hasta esta semana fue una sede policial de la Policía Bonaerense en un espacio de Memoria.

Conocido como el Pozo de Quilmes, este ex centro de detención clandestino fue la pesadilla de al menos 250 personas torturadas por el terrorismo de estado, durante la última dictadura cívico-militar, bajo el mando de los genocidas Ramón Camps y Miguel Etchecolatz.

“La recuperación de lo que algunos consideran un bache y otros nombramos, como los responsables del genocidio lo hicieron, el Pozo de Quilmes, hoy ex, es una forma de reconocer la dignidad de un pueblo, del nuestro, del quilmeño, pero también del argentino. Que que no nos vengan a enseñar los clarines ni naciones de argentinidad, porque este es un pueblo que lucha y seguirá luchando”, advirtió Blatezky en declaraciones a Página 12, y burlándose del papelón que protagonizó el actual mandatario comunal, Martiniano Molina, el hombre del Pro en el sur del conurbano.

La diputada del FpV Eva Ramírez fue quien ingresó la iniciativa en la Legislatura bonaerense: “Hay una comunidad muy ávida de reconstruir colectivamente lo que le pasó. Este espacio se sueña y se construye de la mano del otro”, explicó Julia Merediz, vicepresidenta del colectivo.

El ex Pozo de Quilmes funcionó en una casa en la esquina de Garibaldi y Allison Bell, donde pasaron una gran cantidad de víctimas de la violencia institucional. Uno de los sobrevivientes es Rubén Shell, liberado el 21 de febrero de 1978: “Bajé las escaleras del pozo camino hacia no sabía donde, recién después descubrí que recuperaba la libertad, pensando en la lucha. Hoy puedo decir que la única lucha que se pierde es la que se abandona, nosotros por suerte no abandonamos”, contó durante una conferencia de prensa.

La primera bandera por recuperar la triste historia de este edificio se dio a partir de la colaboración de estudiantes y docentes del programa Jóvenes y Memoria, que con distintos trabajos y entrevistas reconstruyeron los dolorosos hechos. Esta militancia por la memoria decantó en esta iniciativa.

El Ejecutivo local debe reubicar la comisaría de la Bonaerense en el plazo de 90 días, cuando se hará efectiva la entrega del predio a renovar. El colectivo apunta a desarrollar, contribuir y promover la defensa de los derechos humanos, la instalación de un archivo y centro de documentación especializado en memoria, además de distintas acciones para incentivar el desarrollo de los juicios por crímenes de Lesa Humanidad.