"Consideramos que el proyecto tiene algunas deficiencias legales e imprecisiones en sus definiciones que podrían generar un impacto muy distinto al que se proclama y derivar, así, en la criminalización de la protesta social", indicó la organización a través de un comunicado.
Además señalaron que "si bien el Gobierno sostiene una política de no represión, los jueces, como poder independiente, serán quienes apliquen e interpreten esta ley", y "ante la heterogénea composición de la magistratura, integrada en muchos casos por jueces de perfil conservador, no faltará quien la interprete en un sentido negativo", plantearon.
Además indicaron que “los gobiernos provinciales con un perfil diferenciado al del gobierno nacional también podrían encontrar la oportunidad de impulsar prácticas represivas de la protesta", alertó la entidad que preside Estela de Carlotto.
Y agregó que "estos vacíos legales resultan preocupantes", además, "porque en el futuro podría llegar al poder un gobierno conservador, con menor apego al respeto de los derechos humanos, y reprimir la protesta social al amparo de esta ley".
"Por lo expuesto, esperamos que el Senado pueda reevaluar este proyecto y discutir estas objeciones", concluyó.
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